Porqué la función redistributiva del Estado es un perjuicio para la sociedad que la sufre

El Gobierno de España presupuestó para 2009 y 2010 la cantidad de 300 mil millones de euros en gastos públicos. Se supone que el Estado obtiene recursos a través de los impuestos y las tasas públicas, que le permiten gastar, invertir en la res-pública y conceder ayudas y subvenciones. El Estado se autoconcede la potestad sobre materias tan dispares como la sanidad, la educación, la justicia, infraestructuras, pensiones, ayudas sociales...

Se le ha atribuido al Estado un halo de divinidad, por la cual todo aquello que sea público o venga del Estado es bueno, justo e incuestionable. Históricamente, y actualmente, el Estado tenía una función justificadora de su existencia, que era la función social: la redistribución de riqueza dentro de la sociedad que regula y en la que interviene.

La RAE define a "distribuir.: 1. tr. Dividir algo entre varias personas, designando lo que a cada una corresponde, según voluntad, conveniencia, regla o derecho"

La función redistributiva del Estado, por tanto, se puede explicar como dotar a los ciudadanos que tienen menos de recursos suficientes para vivir dignamente obtenidos (por coacción) a través de impuestos a los ciudadanos más pudientes.

La actividad del Estado social, del sector público, siempre estará justificada si cumple esta altruista función de permitir que los que tienen menos riqueza puedan vivir sin dificultades. El problema está cuando el Estado realiza actividades que no son estrictamente las que debería ejercer y por la cual está justificada su existencia. El sector público, a través de empresas públicas, realiza una infinidad de actividades en casi todos los sector económicos que produce un efecto desplazamiento del sector privado, es decir, de empresas de ciudadanos (que pagan los impuestos con lo que el Estado se sostiene. Tenemos, por lo pronto, una situación paradójica: empresarios a los que se les obliga sufragar al Estado (vía impuesto, bajo amenaza de sanciones penales), ven como éste les hace competencia a sus empresas con su propio dinero.

Esto me lleva a pensar en una situación hipotética sobre qué pasaría si el Estado no hiciera más actividad que distribuir riqueza. Recauda impuestos y los reparte en partes iguales entre los españoles. Tenemos la primera salvedad, ya que el Estado no reparte igualitariamente, da más a los pobres y menos a los más ricos.

Tomamos los 300 mil millones que el Gobierno presupuestó y los 45 millones de españoles. Haciendo una simple división (presupuesto/hab). El resultado es de 6.666,66 euros, redondeamos en 7000 euros por cada habitante. En esta hipótesis no voy a contar con las empresas, ya que detrás de estas siempre hay personas, por lo que se computan en los impuestos pagados por estos.

El Estado no hace más que recaudar impuestos y reparte a cada español 7000 euros. Una familia de 4 personas, obtendría 28.000 euros del Estado sin hacer nada. A cambio, todos los servicios públicos del Estado dejan de ser "gratis", y hay que obtener todo para vivir en el mercado, con libertad de elección del proveedor de servicios.

Sé que esta hipótesis es simplista, la presencia de errores podría ser un recurso para criticar esta argumentación, pero para los que tengan ese ánimo, les ruego que no se queden en los datos sino en la situación que propongo del Estado.

Las consecuencias de que el Estado cumpla su función directamente, transfiera los recursos a las cuentas de los ciudadanos, son inmediatas. El aparato del Estado desaparece. Los funcionarios pasan al sector privado, y las empresas compiten libremente en el mercado para sustituir al sector público.

En la educación y en la sanidad se vería la diferencia claramente (recordamos que las familias tienen 7000 euros/persona del Estado para gastar en lo que quieran). Los padres elegirían a qué colegios enviar a sus hijos dependiendo del coste del colegio y demás características de la oferta académica. Surgiría una competencia sana por ver qué centro es el mejor y al mejor precio. Habría colegios que buscarían a los mejores estudiantes en todos los lados, concediéndoles becas y ayudas al estudio, sin importar la procedencia familiar. Los centros tendrían una administración y gestión autónoma, velaría por su sostenimiento económico, reflejando en los precios, los costes reales de la educación.

En la sanidad pasaría lo mismo, los centros privados y seguros tendrían a millones de asegurados que demandan rapidez en la atención médica, confianza y calidad al mejor precio. A los beneficios de la sanidad privada actual, se añadiría la aparición de centros especialistas en materias muy costosas para una sola aseguradora. Estos centros trabajarían con los seguros que no tuvieran los equipos necesarios para esas enfermedades. En concreto, los tiempos de espera se reducirían, la calidad en la atención mejoraría por el bien del seguro (los pacientes si no quedan satisfechos pueden irse a otro seguro o ir a otro médico), habría un mejor conocimiento de los costes sanitarios y de la utilización de los recursos médicos; en general, los pacientes saldrían ganando.

¿Por qué no nos dejan elegir libremente con quién contratamos? ¿Da miedo tener una sociedad culta y con criterio? ¿Da miedo la libertad?

Quiero ir más allá, con la muestra de la anterior situación puede haber personas que lo consideren un disparate, que no es igual a lo que ocurre realmente.
Resulta que con el actual sistema de ayudas sociales, educación y sanidad gratuitas y demás servicios públicos, hay jóvenes que no quieren estudiar ni trabajar y personas que confían y exigen que el Estado les tenga que satisfacer todo lo que deseen. Esto es igual a que si le dieran 7000 euros todos los años por no hacer nada. Desde el Estado se ha transmitido esa sensación.

Se ha ido dotando al Estado de más funciones, de mayores cuotas de intervencionismo justificadas, que a la sociedad se le ha adormecido, enclaustrado, subordinado y esclavizado al "buen hacer y voluntad" del Estado, del Gobierno, de los políticos. Olvidan que el Estado está sostenido con dinero de todos.

Si una familia recibe 28 mil euros, puede vivir dignamente sin trabajar ni un solo día. Si además el Estado social les promete que se los concederá de por vida, ¿para qué van a estudiar y esforzarse en mejorar su situación?

Si la clase media, trabajadora, ve como a familias que no trabajan se les da más, que si cobras menos, pagas menos impuestos; que si pasas de 51 mil euros al año, debes pagar el 40% de tu sueldo en impuestos, ¿para qué vas a trabajar más de la cuenta? ¿para qué vas a esforzarte en mejorar tu situación, en motivar a tus hijos en conseguir mayores cuotas? ¿Por qué vas a inculcarle el espíritu emprendedor y del riesgo pudiendo aconsejarle que estudie unas oposiciones a funcionario?

Se produce lo que Ayn Rand reflejó en "Rebelión del Atlas" y que publiqué en este artículo.

Se conforman. El conformismo de los españoles es inaudito. Cinco millones de parados y nada. Paro juvenil en el 50%, pero se está mejor en casa viendo Gran Hermano. Una sociedad que se autodestruye. ¿Quién sostendrá al mastodonte estatal si no se produce riqueza?

Con el todo "gratis", con lo público satirizado, es normal que estemos en crisis.

¿Tiene algo que ver que el Estado y su sistema público sea lo políticamente correcto? ¿Qué los partidos políticos prometan el oro y el todo vale por ganar las elecciones? ¿Qué las promesas de ayudas económicas sean prometidas día tras día? ¿No será mejor prometer a los votantes que recuperarán poder con la libertad para tomar decisiones propias?

Hay que recordar que el Estado es suma cero: lo que gasta por lo que ingresa. No crea riqueza pues lo que produce se ha quitado antes al mercado, y destruye riqueza por la burocracia y la falta de competencia del sector público.

Es absurdo que el Estado sostenga a los españoles y acapare recursos coactivamente que de otra manera hubieran sido destinados satisfacer necesidades individuales de los ciudadanos.

¿Cuál es la verdadera democracia?

Zapatero y el urbanismo municipal

La intervención de Zapatata ayer en la Convención del PSOE en Sevilla la ví dos minutos. Pero basto y no seguí viéndolo, pues lo que ví es digno de un artículo.

Habló de urbanismo (min 3:30): del heredado del Gobierno del PP causante de la grave__crisis___ e-co-nó-mica.



Echemos cuenta: Zapatero se encaramó en la presidencia en 2004. La crisis empezó en 2008. 2008-2004= 4 años.

Zapatero tuvo cuatro años para cambiar el sector inmobiliario "especulador" y "dañino" a nuestro país. Estamos en el 2011, y no hay ninguna decisión aprobada, sólo promesas electorales.

(Zapatero, estás gobernando, y cuando se gobierna se toman decisiones, tu tienes el poder, así que no hables tanto y pon en marcha tus ideas, a ver cómo son de buenas...)

Lo peor de la crisis ha sido un Presidente de Gobierno que la negó hasta finales de 2009, nos endeudó en 300.000.000.000 euros más la deuda que teníamos antes y que en 2010 recorta drásticamente sueldos y sube impuestos.

Quiero profundizar en la idea del urbanismo.

Este ámbito es en el que los Ayuntamientos (políticos) tienen mayor discreccionalidad y poder, ya que legalizan e ilegalizan terrenos, aprueban obras de construcción, llevan a cabo obras públicas concertadas con empresarios honrados, hacen una "labor social" con la VPO...se quedan con comisiones (del 3% mínimo), legalizan terrenos de familiares o propios, alquilan pisos a pobres ciudadanos millonarios (en pesetas)...

¿Por qué es necesario que los Ayuntamiento digan lo que es legal o no, controlen obras privadas, o permitan o no obras? ¿Por qué hay que construir viviendas con dinero público e intervenir en el mercado inmobiliario? ¿No es de por sí complicado vender una vivienda, para que encima posibles compradores compren VPO que has pagado con tus impuestos?

Demagogia.

Los mismos políticos que se quejan de que los bancos no conceden créditos (para comprar, por ejemplo, una vivienda) son los que conceden ayudas públicas o construyen viviendas sociales con esos mismos bancos avalando dinero público. Es decir, lo que una empresa no ha arriesgado con su dinero, nuestro gobierno avala con el nuestro.

Los que pregonan el derecho a una vivienda digna, cuando les llega el momento, critican la propiedad privada y sus derechos anexos y promocionan el alquiler o eliminan la desgravación por la vivienda ¿no era especulación?

Los que demonizan al capitalismo radical, luego hacen pactos para financiar a sus partidos y empresas personales, a cambio de concederles beneficios extraordinarios sin riesgos a costa del dinero público, la pela es la pela. La simbiosis perfecta del poder político con el financiero: las decisiones económicas tienen que pasar por políticos, en lugar de dejarlas a la libre decisión del ciudadano, del pueblo, de la sociedad, ¿es democracia? No, es oligarquía del poder.

El libre mercado es más transparente que los pasillos de ayuntamientos, parlamentos y ministerios.

Disparates municipales

El Aeropuerto de Jerez, si no se remedia, pasará a llamarse Aeropuerto de Jerez-Cádiz. De hecho, ya hay algunas páginas de turismo que recogen esta denominación.

No es que rechace frontalmente esta denominación, sino que no estamos en la situación idónea para dedicar ni un solo minuto a estas minucias. Según el Presidente de la Diputación de Cádiz (PSOE) y la alcaldesa de Cádiz (PP), el cambio de denominación va a permitir un mayor desarrollo del turismo y que los turistas sepan a dónde han llegado con más facilidad.




















Esto tiene tela. A este asunto se le pueden sacar varias conclusiones:

- Es necesario pensar en la institución de la "provincia". Pronto escribiré sobre este tema, y cómo sería, para mí, una buena institución provincial.

- Tanto el PSOE como el PP gaditano se quieren anotar un tanto y utilizar este "robo" como instrumento político para apelar al instinto pueblerino de los "caditas". En lugar de preocuparse de dirigir una de las provincias con mayor paro de España, se dedican a torpedear emblemas de otras ciudades.

- Jerez de la Frontera, primera ciudad de la provincia y quinta de Andalucía, es una vez más despreciada y minusvalorada. El argumento obvia que Jerez sea por sí misma un destino turístico. Se olvidan de las bodegas, la Escuela de Arte Ecuestre, de la Catedral, las iglesias y palacios, del circuito de velocidad, de los toros y los caballos, del centro histórico...

-Si el PP y el PSOE jerezanos no muestran públicamente y formalmente su oposición estarán demostrando una vez más lo que nos aqueja a los españoles y, en especial, a los jerezanos: mucho Jerez de boquilla pero, en el fondo, acomplejados ante órdenes superiores.

- Se podría llegar a un acuerdo provincial, en el cual, el cambio de denominación del aeropuerto se compensará con el cambio de denominación del Puerto de Cádiz, por Puerto de Cádiz y Jerez. Pues no se puede olvidar, que muchos pasajeros de los cruceros que paran en Cádiz, vienen a visitar Jerez, y este cambio ayudaría a los turistas a situar cerca de Cádiz a Jerez.

-Quizás, lo peor de este asunto, es que se base la decisión en que Cádiz es la capital de la provincia. Si fuera así, es hora de pedir que la capitalidad provincial pase a Jerez, ya sea de la provincia de Cádiz o de Jerez. No por cuestiones localistas, sino por puro racionamiento de recursos públicos, por razones geográficas y de infraestructuras.

A Cádiz se le dió la capital y a Jerez un tercio del territorio de la provincia. Pero el desarrollo demográfico y económico ha venido por la propia naturaleza de la ciudad. Seguir negando la importancia de Jerez, no hace más que sembrar espinos donde antes no había.

Tanto Cádiz como Jerez son dos grandes ciudades. Si sus ayuntamientos estuvieran dirigidos por gobernantes sensatos, podrían complementarse con beneficio para ambas localidades. Pedir cordura y honestidad es mucho a estos políticos de cartón-piedra, mucha apariencia y bonitas palabras pero faltos de ideas. ¡Ay, si tuvieran menos poder!

Las elecciones se acercan sin vacilación, y los ciudadanos no olvidan tan pronto.

O eso espero.